La Comisión Europea, la Agencia Nacional, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea y/o una entidad encargada por estas instituciones, pueden comprobar el uso que se ha hecho de la subvención durante un periodo de cinco años a contar desde el último pago realizado por la Agencia Nacional (tres años en el caso de subvenciones que no excedan los 60.000 euros). Por tanto, los beneficiarios deberán conservar todos los documentos relativos a la concesión durante este periodo.